PABLO ALFONSO
¿Quién decide en la isla?
Al ajíaco político que se cuece en Cuba en torno a la sucesión se le ha añadido un inquietante ingrediente: La nueva Ley de la Fiscalía Militar, aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 9 de junio.
Inquietante, porque en opinión de más de un analista de la situación cubana, algunas de las disposiciones de la nueva legislación abren la puerta al fantasma de una posible guerra civil, si surgieran desacuerdos en el rumbo político que tome el país tras la desaparición del dictador Fidel Castro.
Según anuncio José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales de la Asamblea Nacional, la nueva ley militar "aporta como elemento significativo la posibilidad de impugnar las decisiones de los jefes que contravengan las leyes''.
Es decir, las tropas o los mandos militares pueden oponerse a las decisiones de sus jefes, o de aquellos que quieran hacer cumplir disposiciones que se consideren ilegales. ¿Se aplica el mismo concepto a las ordenes emanadas del poder civil? A pesar de que todavía no se ha publicado en la Gaceta Oficial, ni se conoce públicamente su texto completo, parece que la ley no lo especifica.
"La ley responde a una indicación girada en 2000 por el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), general de Ejército Raúl Castro'', dijo la prensa cubana. Seis años después, el proyecto, en el cual intervino de manera especial el general retirado, Juan Escalona Reguera, Fiscal General de la República, se convierte ahora en realidad.
Escalona, quien explicó sus detalles a los diputados, dijo que la ley faculta para el combate a todo intento de afectar la seguridad del estado, actuar ante violaciones de la Constitución y su "objetivo fundamental es la preservación de la legalidad sobre la base de las normativas establecidas''.
La pregunta que constituye "el nudo gordiano" de este entuerto castrista es ¿de cuál legalidad estamos hablando?. Porque "las normativas establecidas'' son un concepto demasiado general. ¿Qué institución decide en Cuba esa legalidad: La Asamblea Nacional, el Partido Comunista o el aparato militar?.
Por lo pronto, la nueva Ley de la Fiscalía Militar parece contradecir al Código Penal vigente que en su sección cuarta, referida a la "Usurpación del Mando Político o Militar" establece en su articulo 102 que "Incurre en sanción de privación de libertad de diez a veinte años o muerte el que:
a) tome el mando de tropas, unidades o puestos militares, poblaciones, o barcos o aeronaves de guerra, sin facultad legal para ello ni orden del Gobierno;
b) usurpe, a sabiendas, el ejercicio de una funcion propia de cualquiera de los organos constitucionales del poder estatal''.
La contradice, porque si se acepta que la soberanía reside en el pueblo y éste elige a sus representantes para integrar el Parlamento, el cual adopta las leyes pertinentes, hay que concluir que la legitimidad del orden institucional radica en la Asamblea Nacional.
En tal caso la propia Asamblea, pudiera decidir, legítima y soberanamente, en un momento determinado, reformar el actual sistema político, a lo que podrían oponerse, en virtud de la nueva Ley de la Fiscalía Militar, algunos o todos los mandos militares.
Esta sería una reflexión en buena lógica democrática. Pero en Cuba la cuestión es otra. La Reforma Constitucional del 2002, que proclamó el ''socialismo irrevocable'', reconoce que la Constitución puede ser cambiada por las dos terceras partes de los diputados ``excepto en lo que se refiere al sistema político, económico y social cuyo carácter irrevocable quedó aprobado por nuestro Parlamento''.
Es decir existe una clara limitación de la soberanía popular. Se ha definido un sistema político, económico y social para la eternidad... Algo, no solo absurdo, sino claramente ilegítimo.
Hay otras cuestiones que se cocinan en el ajíaco nacional. ¿Cómo se resuelve en Cuba esa contradicción de la llamada "legalidad socialista", que proclama en la Constitución que "El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado?.
¿Cómo se concilia esa "fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado" atribuída a un partido político, con "la soberanía que reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado'', como afirma la propia Constitución?.
Quizás estas reflexiones pudieran parecer demasiado teóricas, alejadas de la realidad concreta, pero las conclusiones apuntan a que el tema de la sucesión en Cuba enfrenta una disyuntiva: tiene que pasar por la legitimización que le otorgue la Asamblea Nacional, o por el desacato y la sublevación de los militares.
El Nuevo Herald | 06/25/2006 | ¿Quién decide en la isla?
