Posted on Sun, Mar. 05, 2006
Tropas de choque para una isla que no avanza
WILFREDO CANCIO ISLA
El Nuevo Herald
Comenzaron como un grupo de 513 jóvenes destinados a atender problemas sociales y familiares en los barrios habaneros. Casi todos eran egresados de preuniversitario, desvinculados del trabajo y el estudio, al borde del marginalismo.
El programa se inició con urgencia en una escuela de Cojímar, al este de La Habana, en septiembre del 2000 y siete meses después el gobernante Fidel Castro presidió la primera graduación, augurando que en un futuro cercano Cuba contaría con un ``ejército de trabajadores sociales''.
Hoy son una verdadera tropa de choque de 30,000 hombres y mujeres que el régimen utiliza para sacar a flote tareas inaplazables de alta sensibilidad política, desde el control de la venta de combustible hasta la sustitución de los bombillos incandescentes a lo largo del país.
La prensa oficial los presenta como ''médicos del alma nacional'', surgidos al calor de la Batalla de Ideas que desencadenó el caso del niño balsero Elián González. El gobierno cubano ha estructurado un Programa Nacional de los Trabajadores Sociales, bajo la conducción de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), que controla las 169 escuelas municipales donde se forman los nuevos contingentes del Hombre Nuevo.
Pero muchos cubanos de a pie mantienen cierto recelo y apatía ante una fuerza de élite que, junto con las responsabilidades, cobra cada día más poder y autoridad, respaldada con vigor por las fuerzas policiales cuando la situación lo amerita.
''Lo que surgió como una idea para darle ocupación a jóvenes descarriados se ha transformado en una fuerza altamente utilizable para los planes del gobierno'', comentó el activista Elizardo Sánchez, presidente de la ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN). ``Son una suerte de guardias rojos de la China de Mao Tse Tung''.
Los batallones de trabajadores sociales sirven de punta de lanza en la actual arremetida gubernamental contra la corrupción, los robos y desvíos de recursos en dependencias estatales.
El pasado octubre, Castro ordenó el cambio de personal en todas las gasolineras del país y puso la venta de combustible bajo el control de miles de jóvenes, vestidos con camisetas negras. La medida fue aplicada de manera sorpresiva y aprovechando la madrugada, tras una subrepticia reunión en el capitalino Teatro Karl Marx con trabajadores sociales de las provincias orientales.
Las autoridades dicen haber logrado contener el robo y el mercado negro de combustible, con un balance favorable a la economía interna de millones de dólares.
El gobierno no ha cesado de mimarlos con beneficios especiales. Los sueldos de los ubicados en gasolineras se han incrementado hasta los 450 pesos mensuales (unos $20). El propio Castro les ha entregado relojes de pulsera como estímulo a la ''labor estratégica'' que cumplen.
Todos reciben módulos de ropa y útiles personales, así como alimentación y alojamiento gratuitos, pues la inmensa mayoría realizan su misión fuera de su provincia de residencia.
Ahora también Castro les ha otorgado un papel protagónico en la ''revolución energética'' que él conduce con la promesa de acabar con un sistema anacrónico de suministros eléctricos y de extinguir los odiosos apagones que lastran la vida cotidiana.
Cuadrillas de trabajadores sociales han liderado el cambio de millones de bombillos incandescentes en el sector residencial y las áreas estatales, sustituyéndolos por bombillos ahorradores. Están también responsabilizadas con la entrega de los llamados ''módulos de cocción'' en los núcleos familiares, los cuales incluyen una olla de presión convencional, una olla arrocera, una olla de presión eléctrica, una hornilla eléctrica y un calentador de agua. El gobierno aspira a completar la entrega nacional de estos módulos en abril próximo.
Las distribuciones por hogares incluyen además la entrega de miles de ventiladores y termostatos, juntas y fusibles de ollas de presión, y juntas de refrigeradores y de cafeteras, con la consiguiente recogida forzosa de artefactos rústicos y obsoletos que Castro ha calificado como ``devoradores de energía eléctrica''.
''Concluido este programa, en el que se trabaja aceleradamente, el país ahorrará cada año $1,000 millones'', aseguró Castro en un discurso del pasado enero en la provincia de Pinar del Río.
Al mismo tiempo, se ha incrementado la participación de los trabajadores sociales en misiones de prevención delictiva y gestión política en los barrios.
A finales de febrero el diario Tribuna de La Habana informó de una iniciativa impulsada por las organizaciones de masas y trabajadores sociales en el municipio de Arroyo Naranjo, mediante la cual las familias beneficiadas con el ''módulo de cocción'' se comprometen a firmar cierto pacto social para usar gas licuado o queroseno sólo en situaciones de emergencia.
El gobierno está recogiendo los antiguos botellones de gas licuado y reemplazándolos por las llamadas ''balitas'', o sea, balones pequeños. Se planea que las entregas de gas licuado y queroseno sean reducidas al mínimo desde mediados de este año como parte de la reestructuración energética del país.
La nota del periódico habanero explica que el pacto estipula que los firmantes ``se comprometen a usar, sólo en momentos de contingencia climatológica o energética, una balita de gas que les entregan, y cuyo ciclo de reposición comprende ahora un año''.
Según reveló Ana Acosta, jefa de los trabajadores sociales en Arroyo Naranjo, ya han firmado el pacto unas 1,600 familias del territorio, y se pondrán sellos de identificación en los hogares sumados a esta iniciativa de ahorro.
Los tentáculos de los trabajadores sociales alcanzan frecuentemente incidentes públicos que requieren la intervención policial. La presencia de los agentes policiales es mucho más rápida si las llamadas provienen de estos ``jóvenes comprometidos''.
''Está claro que son agentes del gobierno'', manifestó un profesor de Santa Clara que prefirió anonimato. ``Y se han producido incidentes donde la policía llega y recoge a los que ellos señalan sin indagar mucho. En estos momentos los trabajadores sociales son intocables''.
La CCDHRN y otros activistas de derechos humanos están monitoreando la situación, preocupados por el hecho de que los trabajadores sociales terminen convertidos en un elemento de control puramente policial, añadido a la maquinaria de los Comités de Defensa de la Revolución.
El Nuevo Herald | 03/05/2006 | Tropas de choque para una isla que no avanza
