La ministra de Defensa, Nilda Garré, hizo un anuncio de gran trascendencia: la Argentina realizará los estudios técnicos necesarios para que los buques de la Armada nacional estén dotados de propulsión nuclear. Paralelamente, durante la celebración de los 60 años de creación de la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEA), se informó acerca de la construcción de una cuarta central nuclear para la provisión de energía y el análisis de factibilidad de una quinta con el mismo fin. Así, y por primera vez en lustros, la Argentina decide reanimar y robustecer un componente básico de la industria nacional, que tiene efectos múltiples en su capacidad científico-tecnológica, su perfil productivo y su posicionamiento externo. Se trata además, y por sobre todo, del uso pacífico de este recurso, en el contexto del Tratado de No Proliferación (TNP). Ni el tema de la dotación nuclear para navíos ni el de generación de energía nuclear se hacen a espaldas de la comunidad mundial o violando compromisos internacionales asumidos.
Las importantes noticias anunciadas por la ministra Garré y por la presidenta del CNEA, Norma Boero, se producen en el marco de tres frentes diferentes, pero interrelacionados. En el terreno mundial, acaba de finalizar la Octava Conferencia de Revisión del TNP con un documento de compromiso que, en el mejor de los casos, se puede calificar de discreto: escaso avance en materia de desarme, balance ponderado en materia de no proliferación, no regresividad en materia de usos pacíficos y un potencial progreso respecto de la resolución sobre Medio Oriente, que estaba pendiente de cónclaves anteriores.
Asimismo, el modesto retoque, acompañado por ambigüedades, que mostró la reciente revisión de la postura nuclear de Estados Unidos; la irresuelta cuestión del desarrollo nuclear de Irán; el recrudecimiento de fricciones desestabilizadoras entre las dos Coreas; la exasperación de tensiones en Medio Oriente, derivadas del comportamiento de Israel y de su manejo cada vez más agresivo del tema de Palestina, y la tentación de comenzar o reiniciar el sendero de un eventual uso militar del recurso nuclear por parte de más de una decena de naciones presagian un horizonte mundial muy incierto en torno al asunto nuclear. El paso que pretende dar la Argentina, ceñido al uso pacífico de ese recurso, es una señal que no admite malas interpretaciones: los verdaderos y más peligrosos problemas militares vinculados con lo nuclear están en otros ámbitos geopolíticos, no en América latina.
En el terreno regional, lo más relevante es lo que viene ocurriendo con Brasil. En febrero de 2008, por iniciativa de Brasilia, la Argentina y Brasil firmaron un acuerdo de cooperación nuclear, entre otros 17, cuya concreción efectiva ha estado pendiente. En 2010, el gobierno del presidente Lula anunció enfáticamente que el país no adhería al Protocolo Adicional (1997) del TNP.
Asimismo, firmó un acuerdo con Francia para la construcción de un submarino de propulsión nuclear. Más recientemente, Brasil y Turquía acordaron con Irán que parte de su uranio fuera enriquecido en Turquía y que luego fuera empleado en un programa civil no militar por parte de Teherán. La Argentina no hizo mucho por dinamizar el importante compromiso de 2008; preserva, con vaivenes inquietantes, una ambigüedad estratégica frente al Protocolo Adicional; no pudo, o no supo, diseñar la idea -que en algún momento se analizó- de una planta de propulsión binacional argentino-brasileña para aprovechar lo que después fue el convenio franco-brasileño, y tiene genuinas diferencias con Irán derivadas del atentado contra la AMIA y del alcance real del programa nuclear de Teherán.
El anuncio de la ministra Garré puede ser útil para retomar un diálogo entre Buenos Aires y Brasilia en el frente nuclear y recuperar la idea de que ese tema sea una plataforma para la amistad, y no para la discordia.
Por último, en el terreno interno, las derivaciones de la decisión de contar con buques propulsados nuclearmente pueden ser muy relevantes.
La Argentina se ha caracterizado, en demasiados temas y con inusitada frecuencia, por operar con una lógica binaria. Por lo general, la clase dirigente define y ejecuta las políticas públicas y privadas como si siempre hubiera necesidad de recurrir a una conjunción disyuntiva: aliado o enemigo, modelo industrial o agroexportador, Estado o mercado. La conjunción copulativa no suele motivar u orientar las visiones o prácticas de los principales actores sociales y políticos. Un frente que ha venido reproduciendo aquella mirada dicotómica es el de los derechos humanos y la defensa nacional.
Los regímenes autoritarios procuraron tener alguna política de defensa, pero socavando de manera bárbara los derechos humanos. Los gobiernos democráticos, desde 1983, han impulsado políticas activas en derechos humanos, pero han hecho poco en el área de una estrategia de defensa integral.
A partir de esta decisión trascendental en materia nuclear, ¿es posible diseñar y desplegar simultáneamente una política sólida de derechos humanos y una política comprensiva de defensa? En el contexto mundial y regional que se dibuja, es crucial poder hacerlo.
Si bien es una obligación ineludible seguir con los juicios vinculados a la sistemática violación de los derechos humanos de la última dictadura, es también imperativo mejorar y perfeccionar la defensa nacional. Ojalá que el anuncio de la ministra Garré sea el punto de inflexión en este sentido.
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El autor es licenciado en Sociología y experto en relaciones internacionales
