Por Carlos Machado
Pana: en Venezuela y otros países latinoamericanos significa “amigo, compañero, compinche”.
En las últimas horas se han precipitado de tal manera los acontecimientos en torno al caso de la maleta dolarizada de Guido Antonini Wilson y hemos accedido a un cúmulo tal de información, que apenas procesada la mayor parte de la misma ya encaramos esta nota, a riesgo de que cuando esté publicada nuevos acontecimientos e informaciones la hayan vuelto poco menos que obsoleta.
Ya resultaría redundante ocuparnos de la vergonzosa forma de salir al paso de la investigación encarada por la Justicia estadounidense –la más independiente e incorruptible del mundo- por parte de la flamante presidenta argentina y sus habituales voceros, los ministros Fernández (Alberto y Aníbal), quienes prefirieron optar por el recurso habitual de los que se saben culpables e imitaron en ese sentido al “hermano bolivariano”, Hugo Chávez, lanzando histéricos graznidos referidos a una “conspiración del Imperio” en su contra.
A Cristina Fernández de Kirchner le respondió muy duramente el ex subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, Roger Noriega –casualmente ambos estuvieron reunidos compartiendo sonrisas cuando el matrimonio Kirchner concurrió a la última Asamblea de las Naciones Unidas-, quien en una columna en el diario “La Nación” del domingo 16 de diciembre se refirió precisamente a la extemporánea reacción presidencial ante la imputación de que el dinero portado por Antonini Wilson estaba destinado a la campaña del oficialismo. A continuación reproducimos los párrafos más salientes:
“Por supuesto que la presidenta Kirchner inmediatamente emitió una respuesta enojada contra tal acusación. Fue una respuesta predecible. Lo que es bastante inusual es que, en vez de meramente negar la acusación, la presidenta Kirchner impugnó ferozmente las motivaciones de los investigadores estadounidenses, sosteniendo que la querella penal buscaba ‘cubrir de basura’ su presidencia (operaciones basura). Y rechazó las ‘presiones’ para que terminara su amistad con el incendiario antiestadounidense Hugo Chávez.
“Uno podría haber pensado que la líder electa para defender el imperio de la ley en su país hubiera jurado llegar al fondo del escándalo, aunque más no fuera para limpiar su nombre. Al fin de cuentas, ¿no es posible que una contribución ilícita fuera ofrecida por Chávez o solicitada por un funcionario de la campaña de Kirchner sin su consentimiento?
“¿No debiera sentir más curiosidad la nueva presidenta de por qué no hubo investigación por las autoridades argentinas del incidente del 4 de agosto en el que agentes aduaneros argentinos descubrieron a Guido Alejandro Antonini Wilson llegando al aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires, trayendo U$S 800.000 no declarados?. ¿Es tan común que los extranjeros lleguen a la Argentina con U$S 800.000 y huyan del país cuando se descubre el dinero, como para que este incidente no generara sospechas?
“El hecho de que el fiscal del Distrito Sur de Florida basó su caso en una cuestión técnica -que los cinco individuos acusados trabajaban para el gobierno venezolano sin registrarse como ‘agentes extranjeros’- demuestra que las autoridades de Estados Unidos tuvieron que armar el caso sin la plena cooperación de las autoridades argentinas. La idea presentada por algunos altos funcionarios de Kirchner de que ésta es una ‘operación de inteligencia’ sugiere una falta de conocimiento preocupante de la independencia de los organismos encargados de aplicar la ley y del sistema judicial.
“Uno pensaría que las autoridades argentinas tendrían alguna curiosidad acerca de un aparente crimen cometido en su territorio, o que las autoridades argentinas querrían saber si sus amigos en Caracas son responsables de un plan para amenazar los hijos inocentes de un individuo para encubrir un crimen. En vez de eso, la presidenta y sus ministros instantáneamente defienden a Hugo Chávez y rechazan las acusaciones como si ya supieran más que todos nosotros”.
Como puede apreciarse, conceptos contundentes que además nos hacen avergonzarnos ante la carencia absoluta de diplomacia y el irrespeto hacia las buenas costumbres que deben regir en todas las relaciones internacionales, y no sólo en las que se mantienen con la alicaída “revolución bolivariana” que con tanto empeño pretende exportar desde Venezuela el presidente Chávez.
Dejando de lado este nuevo papelón internacional de la Argentina –por obra y gracia de sus gobernantes- pasaremos a revelar detalles del fabuloso entramado de conexiones que rodea a muchos personajes estrechamente ligados al gobierno venezolano y al tema del delivery de dólares que salen a chorros desde la tierra de Bolívar hacia el resto del continente americano.
Amigos son los amigos
Para ayudar un poco al gobierno venezolano a recuperar su memoria respecto de los empresarios arrestados por el FBI en Miami -acusados de coaccionar y amenazar a Guido Antonini Wilson para que no abra la boca sobre el origen y destino de la famosa maleta de los 800.000 dólares-, ya que diversos voceros aseguraban no conocerlos (como también habían afirmado en su momento desconocer a Antonini Wilson), aunque luego cambiaron el concepto por el de “son empresarios que no tienen relación con el gobierno”, gastaremos a continuación varios párrafos en refrescarle a Hugo Chávez y su numerosa cuadrilla algunos datos sobre los venezolanos detenidos. Creemos que así podrán los chavistas recordar que estos buenos muchachos forman parte efectivamente del empresariado venezolano asociado en varios negocios compartidos con diversos funcionarios bolivarianos.
No nos ocuparemos aquí de banalidades publicadas en la “gran prensa” argentina, como la amistad desde la infancia que profesan Antonini y los ahora presos Carlos Kaufmann y Franklin Durán o su gusto por los automóviles caros y por participar en carreras con ellos. Suficientemente tendenciosos además fueron los artículos en los que el diario “Clarín” –siempre listo a defender al gobierno kirchnerista disimulando o desinformando- hizo hincapié en reiteradas oportunidades en la “traición” de Antonini a sus amigos de la infancia, al hacerlos caer en la trampa de las grabaciones que condujeron a su arresto. Conceptos que el “gran diario argentino” parecía colocar oportunamente para darle fuerza a la delirante teoría del kirchnerismo de que Antonini es un “agente de la CIA”. Reflejaremos, en cambio, detalles que consideramos más interesantes para la consideración del público lector.
Kaufmann y Durán no son conocidos en Venezuela sólo por sus lazos de amistad y su afición por el dinero, la participación en carreras de autos y las aventuras. Ambos son directores de Industrias Venoco, cuyo rubro principal son los productos petroquímicos, aditivos y aceites y grasas lubricantes. Por lo tanto, la empresa mantiene una estrecha relación con la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A., conocida por sus siglas: PDVSA. Es decir, con la principal espada –y prácticamente la única- de la economía del país, la cual ha sido dirigida en los últimos nueve años por personeros de la más absoluta confianza del presidente Chávez.
Mientras Durán proviene de un origen humilde, Kaufmann creció en una familia de clase alta, pero ambos son considerados empresarios lo suficientemente astutos como para haber sacado un gran provecho a sus relaciones con el gobierno y con el sector privado de Venezuela. Además de su sociedad en Industrias Venoco, ambos participan por su cuenta en otras empresas.
Durán es propietario, junto a su hermano Pedro, de la firma Ruibal y Durán, que en el año 2002 se convirtió en la proveedora oficial de equipamiento policial y antimotines del gobierno venezolano, además de importar armas. Un rubro llamativo para una empresa que inicialmente se había inscripto como “constructora”.
Los equipos son importados de Europa y Estados Unidos con el consenso oficial de una licencia otorgada por la Dirección de Armamento de las Fuerzas Armadas (DARFA) de la República Bolivariana de Venezuela, y por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, siendo éste el país de origen de todos los equipos manufacturados por la firma Armor Holding Inc., con sede en Miami y de la que casualmente formaba parte Antonini Wilson.
Es que este obeso maletero –que no es un muchacho inocente aunque ahora se haya prestado a colaborar con la Justicia norteamericana, bien que “en defensa propia”- además de conocer de petróleo, construcción de viviendas económicas y mensajería y transporte de valijas dolarizadas, también sabe del negocio de la compra y venta de armas. Lo demostró al constituir una empresa venezolana denominada Defensa y Tecnología, destinada precisamente a ese rubro: la compra y venta de armamento.
El primer negocio armamentista de Ruibal y Durán ya comenzó con irregularidades. A través de esta firma, el gobernador del estado venezolano de Cojedes, Johnny Yáñez Rangel –quien se mantiene en ese cargo desde hace ocho años-, solicitó la importación desde Israel de 115 subametralladoras Uzi. Dado su alto poder de fuego, su ingreso debió ser certificado por la Dirección de Seguridad y Defensa de Cojedes. Según los documentos enviados a Israel, Cojedes solicitó 115 subametralladoras y son las que se envían a Venezuela según la guía aérea sellada en Tel Aviv. Sin embargo, aquí sólo se declaran 60, estampando una aclaratoria en la factura.
Las irregularidades continuaron. Según los agentes aduaneros israelíes efectivamente se embarcaron 115 subametralladoras con un peso de 412 kilos. Ese mismo peso se reflejó en todas las guías aéreas que se redactaron en Caracas, desde el día que la mercancía llegó -el 14 de febrero de 2002- y durante todo el tiempo que permaneció dentro de la aduana del aeropuerto de Maiquetía. Sin embargo el armamento es trasladado a un almacén in-bond, que se supone funciona como un apéndice de la Aduana. Ya de por sí eso constituye una violación al artículo 80 de la ley de Aduanas, pues ese tipo de mercancía, de alto riesgo, no debe trasladarse sin control previo. Lo peor no es ese traslado irregular sino que al salir, el SENIAT (Servicio nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria) expide una guía de traslado que especifica que la mercancía pesa 412 kilos (los mismos que partieron de Tel Aviv) y al llegar al almacén número 16 ubicado en el barrio Montesano, cerca de Maiquetía y perteneciente a la empresa América Pak Services, el peso se redujo a 275 kilos.
La historia de las subametralladoras importadas por Ruibal y Durán continúa con otro hecho insólito. En marzo descubren que el armamento está siendo robado por “delincuentes comunes”. Al almacén supuestamente habían entrado sólo 85 de las 115 subametralladoras provenientes de Israel, y el “hampa” se había llevado algunas. En definitiva, en total, entre los robos y el raro adelgazamiento de la mercancía, desaparecieron 38 subametralladoras.
Pero Ruibal y Durán vuelve a aparecer poco después en otro insólito caso, esta vez con pistolas que también desaparecen y terminan parcialmente en manos de supuestos ladrones comunes después de ser trasladadas, a pesar de la oposición de la aduana, al mismo almacén in bond del barrio Montesano.
El 26 de julio de 2002 ingresaron al país 1.200 pistolas semiautomáticas croatas, calibre 9 mm y capaces de disparar ráfagas de 19 tiros seguidos. El comprador es el mismo gobierno de Cojedes, y el intermediario Ruibal y Durán. Las pistolas, que debían ser trasladadas directamente a Cojedes por tratarse de una compra gubernamental de armas de guerra, se llevaron al almacén de Montesano. Eran 60 bultos. Al día siguiente, la gobernación retira 30 bultos.
Durante los cinco meses siguientes comienza la desaparición del resto en cuentagotas: el 2 de agosto se llevan tres cajas; el 29 de ese mismo mes, tres más; el 30 de septiembre, siete, y el 11 de diciembre, dos. Los quince bultos restantes fueron víctimas de un supuesto grupo de delincuentes que se llevó 13 cajas. Las dos últimas cajas quedaron tiradas dentro del almacén y fueron retiradas, una semana más tarde, por Pedro Durán, el hermano del hoy presidiario Franklin.
En una tercera operación comercial, Armor Holding Inc. volvió a vender a la gobernación de Cojedes, con intermediación de Ruibal & Durán, 10.000 unidades de gases lacrimógenos, que partieron desde Miami en febrero de 2003, con permiso escrito del Departamento de Estado para Asuntos Militares. Aparentemente, a esta mercadería no la robó nadie.
A pesar de los pedidos de investigación de Pedro Castillo, entonces diputado del estado Vargas, y de Manuel Carpio, coronel retirado de la Guardia Nacional y ex director de Investigaciones Penales, la Fiscalía actuante sólo realizó en marzo del 2002 una inspección ocular en el almacén que recibió el armamento, y eso fue todo. Allí quedaron las investigaciones. Obviamente jamás se supo del destino de las armas que se esfumaron. ¿Dónde fueron a parar?, ¿a las FARC?, ¿a los narcotraficantes?, ¿a las “milicias populares” de Chávez?, ¿a negocios privados?.
¿Delincuencia común? Uhm... difícil.
Cabe señalar que quien había autorizado a los hermanos Durán a importar esas armas fue el entonces Director de Armamentos de las Fueras Armadas –y ex comandante de las “milicias bolivarianas”-, el general Gustavo Rangel Briceño, actualmente ministro de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela.
Primer recordatorio, entonces, para el presidente Hugo Chávez y todos los funcionarios que afirman que los empresarios detenidos en Miami “no tienen ninguna relación con el gobierno”.
Respecto de Franklin Durán, o si lo prefieren con su nombre completo, Franklin Deivis Durán Guerrero, es ampliamente conocido en los círculos gubernamentales de Venezuela por ser su empresa Ruibal y Durán proveedora oficial del gobierno de equipos policiales y antimotines, además de haber importado armas para el estado Cojedes, gobernado desde hace seis años por Johnny Yáñez Rangel (de quien, dicho sea de paso, nos ocuparemos más adelante), y haber sido autorizado para ingresar las armas al país por el general Gustavo Rangel Briceño, el actual ministro de Defensa.
Además, aunque el gobierno de Chávez persista en su mala memoria o en sus olvidos, “Frankie”, como lo llaman sus amigos más cercanos como Carlos Kaufmann y Guido Antonini Wilson, es un empresario bastante público. Incluso en Miami, donde se asientan la mayor parte de sus empresas. Una ciudad que en estos días está haciendo de “Frankie” un hombre mucho más público aún, a pesar suyo y del gobierno chavista.
Carlitos multirrubro
Carlos Kaufmann, el otro “pana” de Durán y Antonini Wilson arrestado en Miami por el FBI, es otro de los venezolanos que en sólo diez años –coincidentemente con los que lleva Hugo Chávez en el poder- hizo crecer su fortuna en forma meteórica.
Hacia fines del siglo XX, Kaufmann era propietario de un restaurante llamado “Mostaza”, ubicado en la caraqueña avenida Francisco de Miranda. Desde hace varios años cambió de rubro y hoy dirige la petroquímica Industrias Venoco junto a Franklin Durán, empresa que según dicen algunas fuentes venezolanas fue comprada en 38 millones de dólares. Parte de los cuales muy probablemente no hayan provenido solamente de los ingresos de un restaurante bien administrado. También es accionista de la proveedora de taladros petroleros Perforaciones Alborz C.A., empresa que al igual que Industrias Venoco está estrechamente relacionada a la petrolera estatal PDVSA.
Para seguir colaborando a que el gobierno venezolano recupere su perdida memoria sobre estos empresarios con los que niega tajantemente estar relacionado, pasaremos a revelar otros detalles que demuestran lo contrario.
Comenzaremos diciendo que Carlos Kaufmann es concuñado de Diosdado Cabello, ex militar que desde hace años es “mano derecha” de Chávez –incluso era su vicepresidente cuando el golpe de Estado que en abril del año 2002 lo sacó brevemente del poder- y hoy es gobernador del estado Miranda. Se dice que Cabello habría sido quien le consiguió a Kaufmann la concesión, de parte del ejecutivo nacional, para la cremación de la poca droga que incautan los organismos policiales y de seguridad venezolanos. Concesión que en los hechos no llevaría a la práctica ya que, según nuestras fuentes, Kaufmann recicla esa droga. Y si algún distraído comenta esto en voz alta, puede llegar a ocupar el lugar que no ocupa esa droga en los hornos donde debería ser cremada, que serían los del Cementerio del Este, en Caracas, propiedad de la familia de Kaufmann.
Otra de las vinculaciones oficiales del empresario surge de la investigación que está llevando a cabo en Venezuela un periodista norteamericano, según la cual Kaufmann es conocido en el estado Vargas como un potentado de medios de comunicación chavistas y socio de José Gregorio Vielma Mora, superintendente del SENIAT, y de Antonio Rodríguez San Juan, gobernador del estado Vargas, en oscuros negocios vinculados con radio, televisión, aduanas y construcción de obras públicas.
De acuerdo a esa investigación, en el año 2005 Carlos Kauffman adquirió junto con Vielma Mora y Rodríguez San Juan la emisora de radio Viva 96.6 FM Stereo y el Canal 33 de televisión, único canal de televisión regional del estado Vargas, en una transacción financiera con el grupo dirigido por José Fernández, empresario con negocios de construcción en Vargas. El grupo dirigido por Kauffman pagó con dinero obtenido en negociados de armas en el estado Cojedes -¿ése habrá sido el destino de aquellas armas supuestamente robadas por “delincuentes comunes”?- y la construcción de varios estadios para los Juegos Deportivos Nacionales Cojedes 2003 por un monto equivalente a unos 1.000 millones de dólares, ambos negocios hechos con el gobernador de Cojedes, Johnny Yáñez Rangel. Kauffman, Vielma Mora y Rodríguez San Juan pagaron tres millones y medio de dólares en efectivo, además de varios vehículos y de un helicóptero ruso, por las estaciones de radio y televisión.
El objetivo de adquirir los medios de comunicación era el de ayudar a los mencionados funcionarios públicos a hacer propaganda política, y a Kaufmann a blanquear sus negocios en Vargas. Desde el año 2005 el emporio comunicacional ubicado en el Centro Comercial Lucymar de la Avenida Atlántida, en Catia La Mar, ha estado al servicio de las campañas propagandísticas de Antonio Rodríguez San Juan y de José Gregorio Vielma Mora, quien utiliza los fondos del SENIAT para su promoción personal en la región varguense, en las emisoras Viva 96.6 FM y el Canal 33. Kauffman también adquirió terrenos en Caruao para la construcción de desarrollos turísticos con Vielma y Rodríguez en terrenos propiedad del Instituto Nacional de Tierras (INTI).
Tal es el nivel de complicidad entre el empresario ahora preso en Miami, el gobernador y el superintendente, que los programas semanales de propaganda “Habla el Gobernador” se graban en los estudios del Canal 33 y se transmiten desde allí por audio y video a los otros medios de comunicación del estado Vargas, con el exclusivo fin de ayudar a la campaña de promoción política del superintendente del SENIAT, José Gregorio Vielma Mora, quien por su parte también es ex militar y compañero de promoción de Diosdado Cabello.
Un político de la oposición denunció que en la pasada campaña del referéndum sobre la reforma a la Constitución del presidente Hugo Chávez, la FM Viva y Canal 33 se negaron a transmitir publicidad pagada de la oposición en favor del “No” a la reforma, porque según dijo el director: “Estas emisoras son de Vielma, Rodríguez y Kaufmann y no van a transmitir propaganda antichavista. Punto”.
Ahora, las investigaciones de los fiscales de Miami también están apuntando a establecer las relaciones comerciales y políticas de Kauffman y sus socios Antonini Wilson, Durán y otro de los detenidos, Moisés Maiónica. con altos funcionarios y potentados del gobierno venezolano, incluyendo al vicepresidente de la República, Jorge Rodríguez, además de José Gregorio Vielma Mora y Antonio Rodríguez San Juan. Otro motivo más para exacerbar los nervios del gobierno chavista. En tanto, circulan comentarios sobre otros dos testaferros que actualmente estarían escondidos en Aruba, concretamente en el lado norte de la isla, acompañados por un familiar de un alto oficial de la aviación bolivariana.
Pero hay más contactos oficiales de Kaufmann y Durán. Muchos en el estado Anzoátegui saben que ambos empresarios manejan algunas propiedades e inversiones, dentro y fuera del país, del gobernador de ese estado, Tarek William Saab, a quien Chávez llama cariñosamente “el poeta de la revolución”. Un hombre a quien Estados Unidos le ha negado la visa de entrada por considerarlo ligado a fundamentalistas islámicos y a tráfico de armas hacia Medio Oriente.
De acuerdo a algunas fuentes, el avión privado de los empresarios suele estar a disposición del gobernador de Anzoátegui para su uso en el aeropuerto de la capital del estado, Barcelona. Asimismo, Kaufmann y Durán –por lo visto grandes y generosos inversores- estarían interesados en adquirir para Saab algunos equipos deportivos de la zona, canales de televisión y hasta un importante diario. Lo cierto es que una empresa constructora de ambos “panas” está desarrollando importantes obras en la región, algunas de las cuales tienen que ver con infraestructura, vialidad, complejos habitacionales y puentes, previo pago, por supuesto, de jugosas comisiones al gobernador Saab.
¿Ustedes creían que los Julio De Vido eran patrimonio exclusivo de la Argentina kirchnerista?. Nada más lejos, por lo que parece.
Kaufmann también tiene que ver con Perfoalca, la empresa que habría encargado a Antonini Wilson un supuesto negocio con taladros para perforación petrolera. Ya se ha hablado suficientemente, por lo demás, de las relaciones de Kaufmann y Durán con otras empresas asentadas en Miami en las que participaba, como “asesor”, Antonini Wilson, hasta que estalló el escándalo de su llegada a Buenos Aires en agosto con la famosa maleta y desapareció de los “staff” de las mismas. Esas empresas son Foxdelta Investments Inc., Techmilk Inc. e Intertel Telecom. Actualmente las dos primeras se encontrarían inactivas.
Otro contacto de los empresarios ahora detenidos en Miami, es Thais Bracho, vicepresidenta de Crédito del Banco Industrial de Venezuela (BIV), y socia de Durán, Kauffman y Antonini Wilson en obras de la gobernación de Cojedes. Supuestamente habría ingresado a la alta gerencia del BIV con propósitos pre-determinados de direccionar créditos hacia empresas asociadas a ciertos intereses de la llamada “Boliburguesía”. Según informaciones del propio personal del área de Crédito, la Licenciada Thais Bracho otorgaría créditos a la Constructora 2306, propiedad de los ciudadanos Franklin Durán, Carlos Kaufmann, Pedro Durán, Guido Antonini Wilson y... la propia Thais Bracho.
En las últimas horas pudimos saber que al menos un organismo oficial del gobierno venezolano había encarado –desprendiéndose aparentemente del probable impedimento emanado del mismo- una investigación sobre los movimientos financieros de Carlos Kaufmann, Franklin y Pedro Durán y las empresas Industrias Venoco y Ruibal y Durán. Se trata de la Superintendencia de Bancos (SUDEBAN), que el 27 de agosto último, días después que llegara a Buenos Aires la maleta con los 800.000 dólares, envió una circular a todas las entidades bancarias del país solicitando esa información.
No sabemos si esas investigaciones lograron seguir su curso –es muy probable que no haya sido así-, pero de todas formas las mismas, o el intento de hacerlas, echaron por tierra las teorías del canciller Nicolás Maduro y del ministro de Comunicación, William Lara, de que la investigación de la Justicia norteamericana contra Kaufmann y Durán es un “montaje del Imperio”.
Para ir concluyendo con las múltiples relaciones de Carlos Kaufmann con personajes del chavismo que éste insiste en desconocer, nos referiremos a la generosidad evidenciada por el empresario cuando pagó con su propia tarjeta de crédito American Express (la negra) el alojamiento en el exclusivo Hotel Llao-Llao, en la turística ciudad argentina de Bariloche, del perenne gobernador del estado Cojedes, Johnny Yáñez Rangel. Algo justo si tenemos en cuenta los negocios realizados con Johnny, otro que ahora pretende desconocer esos vínculos.
Este último se encontraba allí en compañía de Alex del Nogal cuando arribaba al Aeroparque de la ciudad de Buenos Aires, el 4 de agosto último, el avión que conducía a funcionarios argentinos, venezolanos y la famosa maleta. Del Nogal es también un funcionario venezolano, además de narcotraficante, actualmente detenido en Italia, con varios viajes efectuados a la Argentina aunque no se sabe bajo qué nombre, ya que desde hace al menos tres años estaba requerido a través de Interpol por la justicia de Suiza, de donde se fugó cuando estaba en la cárcel. Salvo que las autoridades migratorias argentinas –las fronteras gauchas son un verdadero colador- le hayan, por algún extraño conjuro, permitido el libre tránsito. Pero de este personaje nos ocuparemos extensamente en una próxima nota.
Lo cierto es que no bien estalló el escándalo del arribo a Buenos Aires de Antonini Wilson con su maleta rellena de dólares, Johnny Yáñez Rangel y su amigo Alex del Nogal salieron como estampida de regreso a Venezuela, interrumpiendo misteriosa y abruptamente sus placeres barilochenses generosamente abonados por Carlos Kaufmann, el empresario multirrubro.
Como corolario de estas vinculaciones del dúo Kaufmann-Durán con la élite bolivariana –que ésta se empeña en olvidar- mostramos a continuación la participación de ambos en un aviso fúnebre por el fallecimiento del padre del general Jorge Luis García Carneiro, otro militar ultra-chavista, a quien llaman “entrañable amigo, forjador de tantos sueños y esperanzas”, publicado el 31 de enero de 2006.
Los otros implicados
Respecto del tercer venezolano detenido por el FBI, Moisés Román Maionica Pajovic, nacido en 1971, se trata de un abogado egresado de la Universidad Santa María, de Caracas, miembro del Colegio de Abogados del Distrito Federal, y su padre preside la Sociedad Italia-Venezuela.
Integra el bufete de abogados Di Vénere, Maionica, Rossini Jelambi, Balestrini y Ribeiro, donde también trabaja su esposa, Gilet Jelambi, y que habría contratado al abogado y ex camarista argentino Guillermo Ledesma.
Pero Maionica también es –o lo fue hasta hace poco tiempo- apoderado de la empresa Cogent Communications (capta-huellas electorales) y Smartmatic (máquinas para votación), ambas colocadoras de sus productos en el gobierno venezolano, utilizados por éste en las últimas votaciones y referéndums realizados en el país.
De allí su estrecha relación con Jorge Rodríguez, ex presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y actual vicepresidente de la República. Una relación directa y pública que fue más allá y desembocó en amistad. La vía de comunicación y de conexión entre ambos es el mencionado bufete de abogados.
Por ello es que los fiscales de Miami sostienen que la maraña en torno a la maleta “alcanza a los más altos niveles del gobierno”. Antonini, sus amigos empresarios detenidos y el abogado Maionica están implicando no sólo al vicepresidente Rodríguez, sino también al propio Hugo Chávez.
El cuarto detenido, el uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello, no es muy conocido en su propio país. Tiene cuatro hermanos, dos de los cuales fueron a residir al exterior. Reside en Miami, donde tiene una empresa denominada Wanpac Inc. (se desconoce por ahora el rubro), que no tiene empleados y ya cambió tres veces de domicilio. El actual es un piso en Brickell, un barrio de Miami. Wanceele posee además un departamento en una de las zonas más caras de Miami-Dade.
Un primo suyo, Walter Paciello Wanseele, es funcionario de la presidencia uruguaya y se desempeña en un departamento dedicado a mantener el sitio web que coloca noticias del gobierno.
Rodolfo Wanseele Paciello fue sindicado como “chofer”, pero algunas fuentes aseguran que en realidad efectúa tareas de inteligencia, como lo hizo durante el encuentro de Antonini Wilson con los otros imputados, vigilando el lugar de la reunión.
En cuanto al restante individuo involucrado que se encuentra prófugo, Antonio José Canchica Gómez, sólo se tienen los datos de que es venezolano y tiene 37 años de edad, y que llegó a Miami el pasado 28 de octubre, enviado por la inteligencia de su país, concretamente por la DISIP. Es maestro técnico del Ejército y trabaja en el área de comunicaciones electrónicas de ese organismo de inteligencia.
De acuerdo a las grabaciones del FBI, Canchica Gómez se presentó a Antonini Wilson en un encuentro en Miami como “el último eslabón”. Su misión era asegurarse de que el obeso portador de la maleta no implicaría al gobierno venezolano en el caso. Según consignó recientemente el diario argentino “La Nación”, frente al hecho de que detrás de Canchica Gómez están las autoridades judiciales norteamericanas, el gobierno de Hugo Chávez lo habría refugiado en estos días en la embajada venezolana en Cuba.
No deja de resultar llamativa la imposibilidad hasta el momento de lograr una fotografía de los empresarios Carlos Kaufmann y Franklin Durán. Además, como en el tribunal donde se desarrolló la audiencia preliminar, previa al inicio del juicio que se llevaría a cabo en marzo próximo (por lo que estos canarios tienen aún mucho por cantar si no quieren como “alpiste” una condena superior a los diez años y embargos millonarios en dólares), no se permite la toma de fotografías, por ahora debemos contentarnos con el dibujo oficial de ese tribunal.
Solamente pudo obtenerse una mala imagen (además de la que ha logrado hacerse él mismo) de Carlos Kaufmann, la cual acompañamos con las de otros funcionarios chavistas, a la vez amigos suyos, aquí mencionados:
Detalles finales
En esta trama de la maleta dolarizada, que se extendió hacia otras cuestiones como el tráfico de armas y otros oscuros negocios y a los contactos de los empresarios detenidos en Miami con varios personeros del gobierno venezolano -aunque éste persista en negarlos- no puede estar ausente la petrolera estatal PDVSA. Esta empresa no sólo representa el máximo ingreso de la economía del país, sino que a la vez es el continuo surtidor del que emergen los miles de millones de dólares que Hugo Chávez destina a financiar su “revolución socialista” en el continente, campañas presidenciales de políticos afines a él y otros emprendimientos. Una dilapidación de dinero hacia fuera del país cuando su delirante presidente no contempla en absoluto las múltiples necesidades por las que está atravesando su población: falta de productos básicos en la mesa familiar que ya no logran abastecer ni la cadena de “Mercal” creada para ello; acelerada inflación y aumento de la pobreza; desastroso estado del transporte, caminos, calles y rutas; tremenda inseguridad diaria –días pasados en una sola jornada asesinaron a 68 personas en Venezuela- que no envidia a la que padece la Argentina; etc.
De PDVSA salieron los 800.000 dólares portados por Antonini Wilson hacia Buenos Aires, una noche en que el vuelo con ocho pasajeros que partía de Maiquetía se demoró porque debió esperar o más dinero o posiblemente a otro pasajero agregado a último momento. ¿Era ese posible noveno pasajero el teniente coronel de la Guardia Nacional Julio César Avilán Díaz, hombre de máxima confianza del presidente Chávez?. Es algo que obviamente aún está por confirmarse ante el despliegue de encubrimiento hecho por el chavismo en torno a este tema.
Pero PDVSA va mucho más allá de las funciones para las que fue creada y de su otro rubro como surtidor de dinero chavista para sus simpatizantes continentales. Hay muchos que aseguran que por la empresa estatal venezolana entran y salen millones de dólares manejados por el narcotráfico a gran escala, principalmente el derivado por las FARC y el ELN, los dos grupos guerrilleros colombianos que hace de ello su máximo objetivo económico, y que tendría a Venezuela como cabeza de puente para el envío de la droga hacia Estados Unidos y Europa. Otro tema que motivará un próximo artículo aparte. También circulan afirmaciones de otras fuentes en el sentido de que el 9º piso del edificio caraqueño de PDVSA es un verdadero búnker, custodiado por cubanos del G-2, la inteligencia castrista, donde se depositan y emergen cantidades enormes de dólares y se guardan modernas armas, muchas de ellas las que hace poco tiempo comprara Chávez a Rusia.
Por PDVSA han transitado también personajes de la máxima confianza del gobierno bolivariano, entre ellos Asdrúbal Chávez, un primo hermano del presidente que llegó a ostentar once cargos simultáneos en la empresa. Allí también era uno de sus máximos ejecutivos Diego Uzcátegui Matheus, cuando su hijo de 19 años, Daniel Uzcátegui Spetch, viajó en el avión que trajo la famosa maleta a Buenos Aires. Como afirmando el concepto de que todo va mejor si se hace en familia. Dos semanas después de ese incidente, Uzcátegui padre fue obligado a jubilarse como prenda de intercambio con el gobierno argentino, que por su parte había renunciado a Claudio Uberti, el importante director de un área del Ministerio de Planificación que comanda el incombustible Julio De Vido y hombre encargado de las transacciones –de toda índole- entre la Casa Rosada y PDVSA.
Por último, recordaremos la nómina de los pasajeros del vuelo Maiquetía-Buenos Aires que arribó aquella madrugada del pasado 4 de agosto, desatando una tormenta que por un tiempo los gobiernos argentino y venezolano pensaron haber detenido, pero que en estos días se ha transformado en un verdadero huracán. Fue el vuelo particular PRV-N5113S, con ocho pasajeros a bordo y dos tripulantes.
Estos últimos fueron Gerardo Sánchez y Daniel Pucciarelli.
Pasajeros: Victoria Bereziuk, argentina, pasaporte oficial 73.987; Claudio Uberti, argentino, pasaporte oficial 74.431; Ezequiel Omar Espinosa, argentino, pasaporte oficial 74.313; Guido Alejandro Antonini Wilson, venezolano, pasaporte 8.579.325; Wilfredo José Avila Driet, venezolano, pasaporte DO 212.093; Ruth Beherends Ramírez, venezolana, pasaporte DO 388.927; Nelly Esperanza Cardozo Sánchez, venezolana, pasaporte 1.392.959; y Daniel Uzcátegui Spetch, venezolano, pasaporte C- 1.588.138.
Los ciudadanos venezolanos Avila Driet, Beherends Ramírez y Cardozo Sánchez revistaban como miembros de PDVSA. En cuanto al probable “noveno pasajero”, si realmente existió, pudo tratarse como señalamos anteriormente del teniente coronel (GN) Julio César Avilán Díaz, nacido el 10 de septiembre de 1964. Su esposa es Marianela Martínez Yegres, quien fue –casualmente- gerente de la Aduana Principal Aérea de Maiquetía y luego fue transferida como nueva Jefa de División de Asistencia Técnica de la Gerencia de Fiscalización en el SENIAT (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria). En este organismo fue condecorada, no sabemos si por su contracción al trabajo, por su rotunda profesión de fe como una de las más duras y radicalizadas chavistas, o por ambas cosas a la vez. Para completar el panorama, el actual superintendente del SENIAT, José Gregorio Vielma Mora, es también militar –ahora retirado- y compañero de promoción de Avilán Díaz.
También cabría la posibilidad de que si este último viajó en el vuelo dolarizado, lo haya hecho bajo la identidad del mencionado pasajero Wilfredo José Avila Driet, de quien dicho sea de paso no volvió a saberse nada más. Es que muchos servicios de inteligencia, en especial los latinoamericanos, cuando “fabrican” documentos e identidades para sus miembros con otros nombres, acostumbran a hacer coincidir las iniciales de los apellidos reales con los ficticios. Y así coinciden en este caso las iniciales de Avila Driet y Avilán Díaz. Pero por el momento dejaremos esto en el terreno de las especulaciones. Sólo por el momento.
El párrafo final queda para mencionar la increíble falta de criterio y ubicación en el contexto internacional del gobierno argentino, cuya conductora se encontró con una seguidilla de dificultades a las 48 horas de asumir, rematadas con la detención de los implicados en el caso de la maleta, y desde entonces, en lugar de afrontar esta ríspida cuestión asumiendo la postura de “estadista” que sus adulones dicen que tiene, se ha dedicado –en medio de sus ataques de histeria y bipolaridad- a avergonzar a la Argentina ante el mundo.
No de otra manera puede calificarse su reacción ante lo actuado por una Justicia norteamericana que, como se señaló al comienzo, es la más independiente e incorruptible del planeta –bien lejos obviamente de la argentina-, y ahora respaldada por su esposo prosigue vociferando, tanto en escenarios locales como internacionales, que todo es una “conspiración” del Imperio –palabra tan utilizada por su amigo Hugo Chávez- destinada según su (escaso) criterio a interrumpir el “crecimiento” y la hermandad de las naciones latinoamericanas. Esta es la presidenta que asumió el poder hace pocos días afirmando que su modelo sería Alemania, uno de los países más poderosos del planeta. Mal camino ha elegido para comenzar si pretende llegar a asimilarse a ese modelo. Como ridícula es la actitud de la pareja presidencial en reclamar ahora la extradición de Antonini Wilson cuando en su momento lo dejaron salir tranquilamente del país –pese a que no fue su única visita al mismo-, pensando seguramente que con su partida y las renuncias de Uberti en la Argentina y de Uzcátegui en Venezuela finalizaba todo.
No menos vergonzosa es la actitud asumida por Hugo Chávez y su banda de “robolucionarios”, extraños exponentes de un socialismo -¿así será el del siglo XXI que tanto predican?- quienes señalan admonitoriamente que “ser rico es malo”, mientras los jerarcas poseen lujosas mansiones dentro y fuera de Venezuela, manejan automóviles de último modelo y marca y visten y calzan productos tipo Gucci, Armani, Vuitton, etc. Algo que también los hermana con la presidenta argentina. Pero claro, hay que acordarse de atacar diariamente al “Imperio”, en especial frente a las presuntas “conspiraciones” que elabora en los cuarteles de Langley, sin desmedro de consumir también algunos productos provenientes del mismo o adquirir casas o departamentos en los sitios más caros de Miami.
Chávez y sus esbirros persistieron estos días en despegarse de los empresarios venezolanos detenidos por el FBI, repitiendo constantemente la frase “no tenemos ninguna relación con ellos”. Este artículo pretendió demostrar, entre otras cosas, esa falacia. Y queda aún mucho más material que no ha sido volcado en el mismo.
Las jornadas que vienen amenazan con complicarles aún más la vida tanto a ellos como al gobierno argentino. Si Carlos Kaufmann, Franklin Durán, Moisés Maionica y Rodolfo Wanseele Paciello se deciden, como se espera, a ventilar en los tribunales de Miami varias verdades incómodas -para evitar largas condenas y millonarios embargos-, los despachos presidenciales del Palacio Miraflores y de la Casa Rosada pueden llegar a convertirse en islitas demasiado inhóspitas para sus habitantes.
