Opinión
Alejandro Peña Esclusa
Noticiero Digital
Dos criterios, dos resultados
Durante el gobierno de Andrés Pastrana, se consideraba –erróneamente– que Colombia se encontraba en guerra civil. Se planteaba que existían dos bandos –el gobierno y la guerrilla–, cada uno con sus respectivos argumentos y motivaciones, que proporcionaban legitimidad a su lucha.
Para impedir el derramamiento de sangre entre hermanos, se justificaba establecer una zona de despeje, un territorio neutro, donde se pudiera negociar una tregua y propiciar un diálogo de paz, incluso con la intermediación de factores internacionales que facilitaran un acuerdo.
Como era de esperarse, este criterio no produjo ningún resultado positivo, porque –en medio del diálogo– las FARC siguieron secuestrando, asesinando, extorsionando y traficando con drogas. En la práctica, sólo sirvió para que la guerrilla adquiriera mayor poder, poniendo al Estado casi de rodillas.
Cuando Álvaro Uribe llegó a la Presidencia, estableció un criterio totalmente diferente, conocido como Política de Seguridad Democrática, según el cual Colombia no estaba en guerra civil, sino asediada por una banda de criminales, que debían ser tratados como tales, y no como una fuerza insurgente legítima.
Como consecuencia, las FARC fueron atacadas sin contemplaciones, como se debe hacer con cualquier mafia de asesinos y de narcotraficantes, con todo el poder del Estado y con toda la fuerza de la Ley.
A los pocos meses, la Política de Seguridad Democrática comenzó a dar sus frutos. Hoy en día, a pesar de que todavía quedan guerrilleros en la selva, el ciudadano colombiano puede transitar libremente por el territorio nacional, sin temor a ser secuestrado o extorsionado.
Dos criterios contrapuestos –uno erróneo y otro acertado– produjeron resultados diametralmente opuestos.
El mismo fenómeno ocurre en Venezuela. Actualmente priva un sólo criterio –el de partidos políticos– según el cual el régimen de Chávez es simplemente un mal gobierno, que debe desplazarse de manera progresiva, única y exclusivamente por la vía electoral, primero ganando espacios en los comicios regionales, luego en los parlamentarios, y finalmente –en el año 2012– en los presidenciales.
Como es natural, este criterio sólo puede producir fracasos, porque Chávez –además de cometer fraude– aprovechará todo ese tiempo para acabar con lo poco que queda de las instituciones democráticas, y para mantenerse en el poder con el uso de la fuerza.
Pero existe otro criterio –el de la sociedad civil– según el cual Chávez es un criminal, por haber masacrado la población el 11 de abril de 2002, por haber tergiversado los resultados del referendo revocatorio de 2004, por asociarse al narcoterrorismo colombiano, por promulgar leyes totalitarias, y por dilapidar nuestros recursos en el exterior.
Un funcionario público que ha cometido graves delitos, no puede ejerciendo sus funciones, sin importar cuán alto sea su cargo. Debe dársele trato de criminal. Debe ser depuesto de inmediato, sin esperar a que finalice su período.
Cuando este criterio prevalezca en Venezuela, los resultados se verán de inmediato. Comenzarán las protestas de calle, amparadas en los Artículos 333 y 350 de la Constitución; y las Fuerzas Armadas se negarán a reprimir al pueblo, creando las condiciones para el tan ansiado cambio de gobierno.
Así como en Colombia se respira actualmente un ambiente de libertad, de optimismo y de desarrollo; así también en Venezuela se respirará ese mismo ambiente. Para lograrlo, basta cambiar de criterio.
