21 PRESOS POLÍTICOS EN BOLIVIA
La crisis de derechos humanos en el país se ha agravado y ya son 21 los ciudadanos detenidos de manera irregular en las últimas semanas por el gobierno de Evo Morales Ayma.
Estas detenciones se producen por razones políticas, tratándose en la mayoría de los casos de dirigentes o militantes de los movimientos cívicos regionales:
· 14 confinados a raíz de la declaración de Estado de Sitio en el departamento de Pando: Leopoldo Fernández, Hugo Apaza Salonero, Gualberto Paz Mugro, Felipe Brigabriel Villarroel, Gabriel Delgadillo Vargas, José Salinas Bazán, Rubén Franco Tuno, Mirtha Sosa del Chalar, Adhemar Herrera Guerra, Claudio Franco Égüez, Osvaldo Valdivia, Néstor da Silva Rivero, Agapito Vira y Willam Misuko. Estos confinamientos no cumplen con las mínimas normas del debido proceso, tratándose claramente de situaciones de prisión política. La mayoría de los confinados se encuentran incomunicados y los pocos que han logrado hablar denunciaron graves violaciones a sus derechos fundamentales, como torturas, saqueos, amenazas de muerte y, en el caso de la suboficial de policía Mirtha Sosa, abusos sexuales reiterados. La Suprema Corte de Justicia ha demandado al Poder Ejecutivo el traslado del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, a la capital de la república, Sucre, para proceder al correspondiente caso de corte. El gobierno ha desobedecido el mandato judicial y mantiene al prefecto pandino confinado en la ciudad de La Paz, obstruyendo la justicia e impidiendo el esclarecimiento imparcial de los enfrentamientos violentos sucedidos en la localidad de El Porvenir.
· 7 detenciones ilegales en los departamentos de Santa Cruz y Tarija. Cinco jóvenes cruceños (Luis Márquez, Lisandro Pérez, Raúl Vargas Valdivia, Fermín P. R. y Ricardo P. M.), varios de ellos militantes autonomistas, fueron detenidos sin presencia de fiscal y violando sus domicilios en horas de la noche. En un inicio fueron acusados de haber agredido al ex Comandante Departamental de Policía, Wilge Obleas, pero posteriormente la acusación varió a delitos de hurto. El móvil real de estas detenciones indebidas parecería ser la participación de algunos de ellos en la toma de instituciones públicas, en protesta por la confiscación a las regiones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). En Tarija, un grupo de encapuchados que se identificaron como agentes del Ministerio de Gobierno secuestraron al militante cívico Juan Carlos Ríos, quien habría sido trasladado a la ciudad de La Paz. La última detención ilegal es la del dirigente cívico del Chaco, José Vaca, también remitido de manera irregular a la sede de gobierno, sin tener en cuenta la jurisdicción de la Fiscalía de Distrito de Tarija.
A estos casos debe agregarse el intento de secuestro de la alcaldesa de Boyuibe, Alejandrina Vacaflor, 500 exiliados pandinos refugiados en el Brasil y la confirmación por autoridades policiales de la existencia de una lista de 24 detenciones por realizar: Branko Marinkovic, Roberto Gutiérrez, David Sejas, Alfredo Saucedo, Ana Melena, Ricardo Shimokawa, José Luis Sánchez, Irán Arab, Danilo Huari, Abel Janco, Ignacio Janco, Fermín Terrazas, Luis Alberto Rojas, José Luis Forero, Julio Villalobos, Édgar Manú, Javier Vaca, Alan Davis, Vestí Muñoz, Wálter Sobrino, Tony Gómez, Franz Elvis, Asquis Franco y "Lilico" Apuri.
HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA manifiesta su repudio a las persecuciones políticas y demanda las garantías del debido proceso para todos los detenidos, el levantamiento del Estado de Sitio en Pando, el fin inmediato de los confinamientos y una investigación realmente imparcial de los hechos de El Porvenir.
Dirigimos una exhortación urgente a los observadores internacionales presentes en Bolivia para que presten atención a estas violaciones al ordenamiento jurídico y a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
2 de octubre de 2008
