El viernes, como parte del acuerdo negociado para disipar la crisis, el presidente colombiano Alvaro Uribe ofreció no enviar los documentos a la Corte Criminal Internacional para demandar a Chávez y Correa por apoyo a los terroristas. Pero no dijo que no seguiría adelante con el proceso de autenticación de los documentos, ni que no los presentaría en el futuro ante las Naciones Unidas.
Si Colombia los presenta en algún momento, Venezuela y Ecuador estarán en problemas. Evidentemente, habrían violado la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU, que expresa que ”los Estados no proporcionarán ninguna clase de apoyo, activo o pasivo, a entidades o personas implicadas en actos terroristas”. Estados Unidos, Canadá y los 29 miembros de la Unión Europea han definido a las FARC como un grupo “terrorista”.
”Las resoluciones del Consejo de Seguridad, a diferencia de las de la Asamblea General, son obligatorias”, dice Diego Arria, ex embajador venezolano en las Naciones Unidas, quien presidió el Consejo de Seguridad a principios de la década de 1990. “Si el Consejo de Seguridad encuentra pruebas de las infracciones cometidas por Venezuela y Ecuador, podría imponer sanciones como la congelación de sus bienes en el exterior”.
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